La tecnología del Internet de las Cosas con límites… ¿o las personas sin derechos?
Celia Fernandez Aller
Profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y Doctora en Derecho
Inició su carrera profesional en el Instituto de Informática Jurídica de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE. Actualmente es Profesora en la Universidad Politécnica de Madrid desde 1998 (Escuela Técnica Superior de Ingeniaría de Sistemas Informáticos). Doctora en Derecho Ocho años en el grupo de investigación: Sistemas telemáticos para la sociedadde la información y el conocimiento (TSIC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas deTelecomunicación de la UPM, asesorando en temas éticos y jurídicos relacionados con las nuevas tecnologías: Privacidad; Propiedad intelectual; Inteligencia artificial y Robótica y los conflictos éticos y jurídicos; Profesora de grado y máster (Máster oficial en Ciencias y Tecnologías de la Computación; Máster oficial en Ciberseguridad; Máster oficial en Estrategias y tecnologías para el Desarrollo). Participación en varios proyectos de investigación del Plan Nacional, como el de “Ecosistema de detección ubicua, atención y estimulación temprana para niños con trastornos del desarrollo: Proyecto EDUCERE.
Resumen
La digitalización progresiva y a gran velocidad de nuestra actividad (económica, social, cultural) ha dado lugar a una agenda en el ámbito europeo que impulsa políticas públicas para responder a los retos que se presentan.
Este marco político se está demostrando insuficiente para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. Es necesario profundizar en los retos éticos y jurídicos, puesto que partimos de la convicción de que ambos son necesarios y complementarios, aunque en ningún caso suficientes para afrontar la magnitud de los desafíos.
El Internet de las Cosas (IoT) entra en conflicto con el derecho a la protección de datos de las personas. En este sentido, el nuevo Reglamento Europeo de protección de datos puede constituir una regulación apropiada, aunque también será necesario trabajo en el ámbito tecnológico para solucionar los desajustes entre la vigilancia de los dispositivos IoT y los derechos de las personas, muchas veces insensibles a los riesgos a los que se exponen.